En relación al Protocolo, las costumbres adquieren rango de norma. Así lo establece el Real Decreto 2.099/83, de 4 de agosto:
"...Se respetará la tradición inveterada del lugar cuando, en relación con determinados actos oficiales, hubiera signación o reserva en favor de determinados entes o personalidades"A ello debemos recurrir, por ejemplo en el caso de la Iglesia, cuyos rectores no han sido incluidos en el Ordenamiento, al ser España un Estado aconfesional.